La obsesión pederasta contra la Iglesia Católica de los perseguidores históricos de ella.

Para ello, no dudaron en recurrir a lo que ya venía haciéndose en otras latitudes laicistas y masónicas anticatólicas, en la mayor parte de América, por Europa, más en concreto, en Alemania, para desprestigiar la honorabilidad del Santo Padre Emérito, Benedicto XVI, o en la Francia laicista y francmasónica.

En Francia se había llevado a cabo una investigación de una comisión independiente sobre los abusos por pederastia, desde el año 1950, por parte de sacerdotes o religiosos o seglares, en el informe de la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en  la Iglesia (CIASE), dirigido por el exvicepresidente  del Consejo de Estado de Francia, Jean Marc-Sauvé (1949), que, exageraba y no contrastaba los casos, realizados con una metodología sin rigor científico, jurídico, teológico o filosófico por defectuosa y llena de contradicciones, sesgada y parcial, teledirigida por una ideología laicista anticatólica. Según ocho relevantes miembros de la Academia Católica Francesa, tras estudiar el informe, indicaban que no eran los exagerados 330.000 casos, sino entre 4.832 y 27.808 víctimas.

El gobierno neonacionalsocialistacomunista, liderados por las partidocracia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la radical neocomunista de Unidas Podemos (UP), más, sus aliados de poder, la secesionista golpista catalana de Ezquerra Republicana (ERC), y la ultraizquierdista secesionista, vasco-etarra filoterrorista de Bildu, tanto unas como otras, con un historial sanguinario guerracivilista en la nefasta II República, desde 1931 hasta el final de la Guerra civil en 1939, historial repleto de violaciones de monjas y mujeres, de asesinatos terribles y crueles de sacerdotes y seglares de toda condición social y económica, se obcecaron, al contrario que las partidocracias de la oposición parlamentaria, en que debería sólo investigarse la pederastia en la Iglesia Católica, y no, todos los casos ocurridos en la sociedad española, como eran, los abusos cometidos, en las autocráticas comunidades de Valencia, de las Islas Baleares o de Madrid, donde se habían producido abusos a menores y usados en redes de prostitución, estando en los centros tutelados por las respectivas administraciones. Investigaciones lideradas por el Defensor del Pueblo.

Por supuesto, que, también obviaron la investigación y denuncia parlamentaria, de los 60.000 abusos a menores cometidos, durante diez años, por una red de pedofilia donde estaban involucrados 3.300 funcionarios de la O.N.U.

Según el informe sobre abusos sexuales a menores en España, del mes de noviembre de 2021 de Save the Children[1], casi la mitad de ellos, el 49,5%, se producía en el ámbito de la familia.

Por otro lado, los datos estadísticos de los años 2008-2019 de la investigación sobre abusos sexuales a menores en España, de la Fundación ANAR[2], los abusos de sacerdotes y religiosos eran mínimos, el 0,2%, del total, comparados con los que se producen en otros ámbitos como el de la familia, en el caso de los padres, el 23,3%, y donde el padre biológico, en el 32% de los casos, era el agresor prioritario. La mayoría de las víctimas solían ser mujeres, el 78,3%, dentro de este porcentaje, el 59,1%, correspondían a adolescentes entre 13 y 18 años.

La Fiscalía General del Estado, había ordenado a los 17 fiscales superiores de toda España, para que remitieran los procedimientos penales de los casos de abusos a menores. Las laicistas anticatólicas partidocracias, en el poder Ejecutivo y el poder Judicial, proponían una comisión de investigación, que, luego pasara al Congreso, y no a los tribunales de Justicia, que era donde, exclusivamente, se tendrían que enjuiciar, todos los casos de pederastia, que, ya la Iglesia Católica había puesto en conocimiento de la Justicia.

Resulta penoso, tras más de cuarenta años de democracia involutiva, ver la realidad sociológica de España, de una sociedad civil presa de las mentiras de las ideológicas políticas de siempre, incapacitada para tomar decisiones morales, éticas o políticas, para desterrarlas de las instituciones democráticas y constitucionales, que, han pervertido.