España sin democracia representativa, participativa e inclusiva.

Camino ya de cuarenta años desde la aprobación plebiscitaria de la Constitución Española de 1978, lo que tenemos es una falsaria democracia parlamentaria monárquico-borbónica, que ha sido fabricada a partir de las interpretaciones partidistas de la Carta Magna de 1978, por los intereses políticos de la bipartidocracia de izquierda y derecha, PP-PSOE, en los poderes del estado, junto a los nacionalismos secesionistas y terroristas, enemigos de la unidad y la identidad histórica de España. Todos ellos han traído la desigualdad y la pobreza, pues, han falsificado y desmantelado el Estado de derecho social, con lo que se ha hecho irrealizable el progreso, el bienestar y el desarrollo integral de las personas; las leyes fiscales son prioritariamente recaudatorias y tributarias, con las que se han realizado las expropiaciones patrimoniales, del ahorro y los salarios de las clases medias y pobres, e impedido una equitativa distribución de los bienes.

Se ha hecho inviable: la justicia social y la economía al servicio del bien común; el derecho al trabajo con un salario justo y una vivienda digna; el derecho y el deber a la enseñanza integral y libre, que ha sido cercenada por una educación laicista, controlada por la ideología de género.

Esta farsa de democracia parlamentaria monárquico-borbónica, ha sido montada con la aquiescencia de una sociedad civil amorfa, amoral y apática, la cual ha consentido que los partidos políticos, que las partidocracias mayoritarias o minoritarias, monten unos organigramas burocrático-legislativos que nunca han representado al pueblo, a la Nación de España en las instituciones de un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho neopositivista y anti ley natural, en el que se ha desterrado el bien común de todos los españoles con leyes inicuas e inexistentes en otras naciones menos históricas que España (como el falso derecho al aborto, al asesinato sin límites del no nacido) pero más respetuosas en sus ordenamientos jurídico-constitucionales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

Las partidocracias han impuesto sus intereses de poder y control socio-político y contracultural, que, las innumerables legislaciones de las administraciones, la estatal y nacional y las de las autocráticas autonomías, se han desvelado como insolidarias porque nunca han buscado acercarse a lo que ha de ser la idea fundamental de cualquier democracia parlamentaria representativa, participativa e inclusiva: el justo y equitativo gobierno de todo el pueblo que está representado en las instituciones de la nación y el estado.

Por España, nunca se llegará a alcanzar una democracia parlamentaria representativa, participativa e inclusiva porque nuestra Nación ha estado, y sigue igual, en manos de una partidocracia en el gobierno del estado que se arroga la no representación de todo pueblo español, al utilizar las mayorías parlamentarias, simples o absolutas, para imponer sus privilegios, para imponer o incumplir sus programas ideológicos con legislaciones inicuas, que atentan contra uno de los primeros valores democráticos: la igualdad entre todos los españoles.

Las partidocracias en España, jamás les ha preocupado tener una conciencia del bien común para una sociedad a la que ha desmantelado de valores morales y éticos universales, y a la que se le ha negado la justicia social y la participación libre y responsable en la vida política("res publica"). La práctica de una conciencia recta, ética y moralmente responsable en el quehacer político, se ha sustituido por los sofismas de unas consignas ideológicas de la neomarxista y neoliberal ideología de género con las que logran alcanzar el poder, un poder alejado del servicio a la libertad, a la igualdad y a la justicia del bien común.