El altísimo coste de la corrupción en España.

El altísimo coste que España está pagando y pagará por la institucionalización de la corrupción, no se muestra de modo exclusivo en la crisis económica y financiera, de productividad y competitividad, sino sobre todo en el deterioro moral, ético, jurídico y democrático constitucional.

La corrupción por España, no es de ahora, viene de lejos, como tampoco es unipartidocrática, sino todo lo contrario, es plural, pluripartidocrática, es decir que la practican sin reparos todas las partidocracias: tanto el neoliberalismo socialdemócrata como el neosocialismo socialdemócrata, el neocomunismo, los neonacionalismos secesionistas y terroristas, el neosindicalismo izquierdista y la patronal pseudoempresarial, éstos dos últimos, subvencionados y comprados por el poder político.

¿Pero de quién es la culpa directa de la institucionalización de la corrupción? La primera responsable y culpable, es la sociedad civil antiespañola, de la cual provienen todas las corruptelas de las partitocracias a las que sube y baja del poder.

La sociedad antiespañola, ha renunciado y despreciado los valores éticos, morales jurídicos, democráticos y constitucionales, que, son los que sostienen y regeneran a las sociedades democráticas y constitucionales, en las que prevalece la independencia de la Justicia y la moralidad pública y privada, con las cuales se trata de evitar y penalizar las degradaciones políticas y jurídicas, y las corrupciones de cualquier matiz.

El desprecio y la renuncia moral, ética, jurídica, democrática y constitucional, han sido propiciados por las políticas de las partidocracias en el poder, políticas que se han dedicado al control ideológico de una educación estatalista y de una infracontracultura mediático-social, ambas, permisivas y relativistas, obsesionadas con la liquidación total de la milenaria identidad cristiana católica de España.

Los costes de la corrupción en España, no son sólo economicistas sino sobre todo son morales, éticos, jurídicos y democrático constitucionales. Si éstos últimos no se revitalizan y se colocan como los prioritarios de todo Estado de Derecho, no espere la sociedad española una reactivación definitiva de la economía y las finanzas[1], porque, la actividad económica, o bien irá marcha atrás, o bien se paralizará por la falta de competitividad; Se pasará de la recesión a la deflación por el tremendo endeudamiento por un sobreendeudamiento, y de aquí al abismo de la depresión; no se crearán empresas y las pocas que sobrevivan continuarán deslocalizándose; no habrá un crecimiento significativo en la producción de bienes y servicios; no habrá seguridad jurídica en la actividad económica, impidiendo el desarrollo y la prosperidad, con lo cual, no habrá riqueza para distribuirla de forma equitativa y solidaria; y en cuanto a los inversores extranjeros y las agencias internacionales de ayuda, se tomarán sus cautelas a la hora de dar inversiones y préstamos; y por supuesto, el desempleo continuará con elevadas tasas de crecimiento hasta que quede varado en la indigencia, por culpa de una sociedad que prefiere continuar y permitir la corrupción; por culpa de una sociedad civil que no valora el derecho y el deber del trabajo en su dimensión personal como vocación de la persona donde ésta se expresa y realiza, y también como dimensión social por cuanto el trabajo se vincula con la familia que ha sido destrozada por las políticas relativistas de la ideología de género del neosocialismo y el neoliberalismo, impidiendo que el trabajo, en relación con la familia, alcance el bien común en el reparto de las riquezas del Estado que han sido producidas por los trabajadores de todas las clases sociales.

Hay que detener las costosísimas consecuencias morales, éticas, jurídicas, democráticas y constitucionales de la corrupción, porque de no hacerlo alcanzaremos los degradantes niveles de injusticia de algunas de las naciones más corruptas y pobres del planeta Tierra, como son Haití, Bangladesh o Nigeria.

Sin la ética y la moralidad, la honradez y la fiabilidad de la sociedad, así como sin la integridad del sistema jurídico, democrático y constitucional, las actividades económicas, tanto públicas como privadas, quedan asfixiadas e inoperantes por la anarquía, la deshonra, el déficit y el escaso recorte en el gasto de todas las administraciones sobredimensionadas, los impuestos confiscatorios, los salarios bajos, los recortes contra los más indefensos de la sociedad, la ilegalidad, los sobornos y las corrupciones, inadmisibles e incompatibles con una economía de libre mercado basada en el bien común.