Asesinato legal de la “doctrina Parot” por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

La "doctrina Parot", ha sido maquiavélicamente asesinada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque ya antes lo había sido en los tribunales judiciales antiespañoles, donde se propiciaron unos antecedentes que la condenaban a la pena de muerte social, política, democrática y constitucional, y por encima de todo, contra los Derechos Humanos, y en concreto, contra el más valioso de ellos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad de vivir y no ser asesinado y violentado en nuestra dignidad personal y comunitaria por terroristas, violadores, narcotraficantes o psicópatas asesinos.

Aunque la lucha armada, aunque los atentados terroristas vasco-etarra de momento no han regresado desde el 2011, sin embargo la banda terrorista ETA sigue activa, no ha entregado las armas ni ha disuelto su organización de muerte y terror, y para colmo, desde las estructuras del poder estatal, se continúa con la permisividad de las políticas de negociación y rendición al terrorismo, por medio de planes de reinserción y acercamientos de presos terroristas, de permisos penitenciarios y excarcelaciones de terroristas con delitos de sangre, que son amnistías encubiertas, que, ha conducido al insultante objetivo del nacionalismo secesionista vasco-etarra terrorista y a su aliado el nacionalismo secesionista conservador, a buscar la derogación de la "doctrina Parot", aplicada en España desde el año 2006 con el fin del cumplimiento máximo legal de cárcel para los terroristas, narcotraficantes violadores o psicópatas asesinos, que, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional avalaron para que se mantuviese, pero que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó en noviembre del año 2013, al no aplicar el alargamiento de la condena de un vasco-etarra terrorista, el cual llevaba veintidós años encarcelados, pero cuyas penas por delito de terrorismo sumaban 71 años.

Así se preparó el camino de la sentencia del ideológicamente politizado Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que puso en duda "la doctrina Parot", por haberse aplicado de forma retrospectiva y ha fallado una sentencia favorable para la liberación e indemnización de una terrorista condenada por participar en 23 asesinatos consumados y otros 57 en grado de tentativa, sentencia que fue recurrida por el Estado español, pero que no ha servido para nada, porque la sentencia del 21 de noviembre de 2013 de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, afirma que con la aplicación de "la doctrina Parot" a una terrorista nacionalista vasco-etarra secesionista, España violaba los artículos 5.1 y 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, la vasco-etarra terrorista, será liberada.

Otro tremendo golpe de terror encubierto(de entre los muchos que han recibido las víctimas asesinadas por el terrorismo vasco-etarra) por parte de un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, no viene sino a respaldar una legislación permisiva y denigrante, una legislación político-ideológica pro-terrorista de las partidocracias de izquierda y derecha junto a los nacionalismos secesionistas y terroristas.

De los quince magistrados que forman este tribunal ideológicamente politizado, doce han fallado contra "la doctrina Parot", y entre ellos se encuentra un magistrado afín al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), magistrado que se ha mostrado siempre contrario a la "doctrina Parot".

La partidocracia socialista, con sus rebuscadas, por ideologizadas, legislaciones antiterroristas permisivas y degradantes para las víctimas, es la que más ha propiciado el asalto político-institucional del terrorismo vasco-etarra nacionalista y secesionista, desde que a finales de la década de los años sesenta del Siglo XX empezaron a emplear el terror como arma política de muerte y odio contra la sociedad española, y, contra lo que luego ha resultado un fracaso en este Siglo XXI, un fracaso propiciado por los nacionalismos secesionistas y terroristas: la democracia monárquico-parlamentaria del Reino de España. Como también ha resultado un fracaso, el Estado de Derecho de nuestra Constitución Española de 1978, que nunca ha servido para que se aplique una Justicia plena y proporcional, sino todo lo contrario.