El pactismo constitucional de 1977-8, culpable de los nacionalismos secesionistas.

Con este rompecabezas de ideologías aliadas, de nacionalismos y regionalismos, aliados o confabulados para alcanzar las estructuras nacionales, regionales o autonómicas de poder, el Gobierno centro-reformista de Adolfo Suárez, inicia la elaboración de una constitución que sentase los fundamentos de la democracia en España. Para ellos se designa una Comisión Constitucional, la cual nombra a una Ponencia de siete políticos pertenecientes a las ideologías más relevantes del momento: por la UCD, tres; por el PSOE, uno; por el PCE, uno; por Alianza Popular(AP), uno; y por el Grupo Parlamentario deMinoría Catalana, uno. A estos ponentes se les debería llamar ponentes constitucionalistas, y no, como hiperbólica e incorrectamente se les ha denominado, padres de la Constitución. Y se les debería llamar ponentes constitucionalistas porque elaboraron una constitución a la medida del pactismo de las ideologías representadas en la Ponencia, y no de acuerdo con lo que debería haber sido y no lo fue, una democracia monárquico- parlamentaria del Reino de España.

Los ponentes constitucionalistas elaboraron un texto constitucionalista, cuya letra y cuyo espíritu han sido la letra y el espíritu de los intereses de las partidocracias bipartidistas en el poder, y no digamos ya, de los nacionalismos secesionistas: el centro derecha reformador, la izquierda, la derecha y el nacionalismo. Las ambigüedades semántico-legales, han servido hasta el Siglo XXI, para provocar tramposas interpretaciones y la quiebra de las instituciones del Estado, de la unidad territorial y de la identidad histórica de España.

Los ponentes constitucionalistas cometieron el tremebundo fallo de incluir el anacrónico y decimonónico principio de nacionalidad. Ni las izquierdas, ni los nacionalismos radicales, nunca aceptaron la Constitución Española de 1978, por ello se aprovecharán de las trampas y los fallos jurídico-constitucionales de la misma, para irla descuartizando poco a poco. Se han aprovechado de la ambigüedad semántica de los conceptos de Nación y nacionalidades del Artículo 2 de la Constitución Española (1978), que se contradice cuando apunta que la "Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española" para luego indicar que "reconoce y garantiza el derecho a las autonomías de las nacionalidades y regiones."

Ya cuando se debatía la elaboración de la Constitución Española, en 1978, en la distintas disposiciones sobre el Preámbulo, uno de los ponentes constitucionalistas, más relevantes, del Partido Socialista Popular (PSP), Enrique Tierno Galván (1918-1986), manifestaba esta coincidencia de todos los ponentes, cuando se hablaba sobre la soberanía y la unidad de España con nuevos criterios, el de tener en cuenta los derechos de las regiones y nacionalidades. Pero hubiera sido más razonable, en vista de lo que nos ha sucedido con la autárquica fragmentación territorial hasta el Siglo XXI, hablar de "comunidades", y no caer en lo que se pretendía evitar, en la falacia de las nacionalidades:

En cierto modo, me parece que dejaría insatisfecho el espíritu de esta Comisión, que por ser concurrente, conciliador, por haber sido efectivamente un esfuerzo hecho por todos para ponerse de acuerdo, ha definido un criterio (que no es el criterio antiguo), un criterio de concordia y, además, lo que se ha legislado y lo que se está haciendo es, evidentemente, una reparación frente a las libertades públicas y una reparación respecto de los derechos de las regiones y nacionalidades. Decir que estos derechos y nacionalidades configuran la unidad de España (sin hacer ninguna afirmación comprometida dogmática para ninguno de los partidos o grupos que han intervenido en el debate y que expresan parte de la opinión pública), significa, con toda claridad, que la unidad de España está presente en la conciencia de todos, aunque configurada con un criterio que no es el antiguo...[1]

(…)

En el tema de nacionalidades, que deliberadamente lo he dejado para lo último, no hace nada más que expresar en un preámbulo, que no va a ser preámbulo normativo vigente, expresar algo que la Constitución recoge.

Si se quiere enmendar, habrá que enmendar quitando «nacionalidades y regiones »y habría que referirse a «comunidades». Lo he pensado también; he tenido en cuenta la aplicación en este caso de las palabras «comunidades» y «regiones», pero me parecía falaz que por mi cuenta, y de acuerdo, claro, con quien ha aceptado y ha asumido el preámbulo, se dijese «comunidades», evitando una expresión que está recogida en el texto. Si la corrección se hace, hágase por debate, hágase de acuerdo, pero no intentemos en principio que los textosaparezcan ya con falacias internas que indiquen una intencionalidad previa orientadora del criterio de los demás.[2]

A ello hay añadir los posteriores pactos o consensos anticonstitucionales, y estatutos de autonomías inconstitucionales, que han realizado las dos partidocracias de derecha y de izquierda para mantenerse en el poder, sobre todo el socialismo, con los nacionalismos vasco-etarra y catalanista, propiciados además por una anacrónica ley electoral que fortalece y da privilegios a las minorías políticas secesionistas y terroristas, y a las partidocracias en el poder central.

(Extracto del ensayo, El expolio de la identidad histórica de España por los nacionalismos secesionistas).

Diego Quiñones Estévez.

[1] Fundación Transición Democrática, "Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Diario

Número 93, 20 de Junios de 1978",en www.transicion.org

[2] Ibídem.