Algunos siguen erre que erre con su reivindicación, con el argumento de que nada malo pasa si un pueblo manifiesta "en libertad" sus preferencias nacionalistas. Olvidan que para convocar un referéndum independentista se ha de modificar la Constitución y que existen unos pasos legales para que esa modificación se lleve a cabo. Y esa impaciencia por decidir su nacionalidad muestra su desconfianza ante la aparente fuerza de "Podemos". Porque ya intuimos que a esta nueva fuerza política no le temblará el pulso a la hora de derogar nuestra actual Constitución y "regalarnos" otra acorde con su ideología.
Pero bien, de momento el que gobierna es el Partido Popular, que logró que el Tribunal Constitucional "suspendiera" el referéndum nacionalista. Y es por eso que, visto lo visto el pasado 9 de noviembre, nuestro Gobierno popular debería calcular el gasto de toda aquella pantomima; apertura de centros públicos, carteles, pegatinas, chapas, papeletas, cajas de cartón, camisetas y demás material; y pasarles la cuenta a todos esos voluntarios y demás personas que hicieron uso de ese material antes, durante y después de la consulta independentista.
Porque es más que seguro que esa "suspensión" del Constitucional hubiera sido efectiva si los voluntarios se hubieran visto obligados a abrir sus propias casas para acoger allí las urnas de cartón y a esos dos millones de catalanes. Hasta podrían haber puesto una hucha, también de cartón, y pedir "la voluntad" a todos los votantes… ¿o va a ser que no?