Laicidad-Laicismo y las acusaciones a la Iglesia de misógena

Por tanto, la laicidad del estado no debe equivaler a hostilidad contra la religión o contra la Iglesia, sino que dicha laicidad debería ser compatible con la cooperación con todas las confesiones religiosas dentro de los principios de libertad religiosa y neutralidad del estado.

El Papa Benedicto XVI en su discurso del 9 de noviembre del 2006 indica sobre la laicidad que ha tenido una especie de mutación, es decir, con el paso de los siglos ha asumido el de la exclusión de la religión y de sus símbolos en la vida pública mediante su confinamiento al ámbito privado y a la conciencia individual. Al término "laicidad" se le ha atribuido una acepción ideológica opuesta a la que tenía en su origen.

En las relaciones Iglesia-Estado, el Papa presenta algunas directrices, vemos las que nos interesan. La Iglesia apoya el principio de laicidad según el cual hay separación de los papeles de la Iglesia y el Estado, siguiendo la prescripción de Cristo, «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios» (Lucas 20:25). De hecho, el Concilio Vaticano II explicaba que la Iglesia no se identifica con ninguna comunidad política ni está limitada por lazos con ningún sistema político. Al mismo tiempo, tanto la comunidad política como la Iglesia sirven a las necesidades de las mismas personas y este servicio se llevará a cabo de modo más efectivo si hay cooperación entre ambas instituciones.

Pero la justa separación entre Iglesia y estado no significa que el estado niegue a la Iglesia su lugar en la sociedad o que se le niegue a los católicos cumplir su responsabilidad y derecho de participar en la vida pública. Un estado que no da espacio a la Iglesia en la sociedad cae en sectarismo. Esto podría conducir a un aumento de la intolerancia y a dañar la coexistencia de los grupos que forman la nación. 

Ante todo lo aquí expuesto, hago una pregunta: ¿Cómo la señora Elena Valenciano, portavoz del Comité Electoral del PSOE se atreve a acusar a la Iglesia de misoginia, (misoginia es el desprecio a la mujer u odio a todo lo femenino), por no aceptar los "nuevos tipos de familia", entre ellos los mal llamados "matrimonios gays"?.

Estas declaraciones indican un alto grado de desconocimiento cultural e histórico de lo que son las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Si aplicamos la laicidad bien entendida, debe haber un respeto entre ambas instituciones, entre la Iglesia y el Estado, sabemos por estas declaraciones de Elena Valenciano, que el estado que ella representa no tiene ninguna intención en ser respetuosa con la Iglesia.

Ya sabemos que es la familia para el Estado, ahora vamos a ver que es la Familia para la Iglesia, que es el reflejo de la única familia, de la Sagrada Familia de Nazaret, y lo que es un matrimonio según el canon 1055 del Código de Derecho Canónico: " La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados".

Por tanto, ¿quién es aquí el que acusa de falsedades, quien es el que intenta limitar la acción de la Iglesia en un estado democrático?. Antes de que existieran los estados, existía la Iglesia. Ser católico significa respetar las normas de la Iglesia y la entrada es libre.

La Iglesia apoya el principio de laicidad según el cual hay separación de los papeles de la Iglesia y el Estado, siguiendo la prescripción de Cristo, «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios» (Lucas 20:25). De hecho, el Concilio Vaticano II explicaba que la Iglesia no se identifica con ninguna comunidad política ni está limitada por lazos con ningún sistema político. Al mismo tiempo, tanto la comunidad política como la Iglesia sirven a las necesidades de las mismas personas y este servicio se llevará a cabo de modo más efectivo si hay cooperación entre ambas instituciones.

Pero la justa separación entre Iglesia y estado no significa que el estado niegue a la Iglesia su lugar en la sociedad o que se le niegue a los católicos cumplir su responsabilidad y derecho de participar en la vida pública. Un estado que no da espacio a la Iglesia en la sociedad cae en sectarismo. Esto podría conducir a un aumento de la intolerancia y a dañar la coexistencia de los grupos que forman la nación.