“El problema es que
el entorno político moderno ha comenzado a actuar con la irresponsabilidad
propia del arte, reduciendo la vida a un concierto absolutamente ficticio; ha
transformado la sociedad en un teatro y al pueblo en una masa de espectadores”
Yukio Mishima
Ensayista y dramaturgo japonés
Después de que el Congreso de los Diputados votara en contra del decreto
del Gobierno que pretendía adecuar la Ley de Puertos de 2010 a una sentencia de
la Justicia europea, hoy se vuelven a sentar las partes en la mesa negociadora.
La votación en la que la oposición en bloque le propició un buen
revolcón al Gobierno, fue uno de los despropósitos parlamentarios más
irresponsables que se han producido en los últimos tiempos.
Aquí, cada político impone su ley cuando puede.
Aquí no se le tiene el menor respeto a la Ley, y solo se cumple cuando y
como nos conviene. Pero esto no es de ahora. Viene de muy atrás. Ya en 1980, en
relación con una ilegalidad manifiesta, escuche decir a una autoridad municipal:
“Esto se hará con la Ley o sin la Ley”. Y se retorció la Ley, pero se hizo.
En 37 años que han transcurrido desde que escuché pronunciar esta frase
a alguien, que por el cargo que ocupaba, estaba obligado a respetar y a hacer
respetar la Ley, excuso decirles las veces que la sagrada norma por la que se
rige la democracia, ha sido burlada, escamoteada, tergiversada, secuestrada y
violada.
Pero creo que no me equivoco si afirmo que en la votación que se produjo
en el Congreso con el propósito de convalidar el Decreto Ley que en el futuro
habría de liberalizar el funcionamiento de la estiba en España, se batieron
todas las situaciones inimaginables de insensatas incoherencias.
Decía John Fitzgerald Kennedy que “La maldad de muchos no está en lo que
dicen acerca de su causa, sino en lo que dicen sobre sus contradicciones”.
¿Se imaginan ustedes a Podemos, que pretende impulsar la exhumación de los
ajusticiados de la guerra civil y el franquismo, y al PSOE, que ha pedido sacar
los restos de Franco de su tumba del Valle de los Caídos, votando en contra de
la eliminación del sistema de la estiba española, que fue establecido por José
Antonio Girón de Velasco, uno de los ministros falangistas más franquistas que
tuvo el régimen?
¿Se imaginan ustedes a Podemos y al PSOE, tan amantes de la libertad,
tan defensores de los pobres, y tan feministas ellos, votando en contra de la
eliminación del sistema de la estiba española, que es un monopolio endogámico,
defendiendo sueldos de 109.070€ brutos anuales para trabajadores de una muy
relativa cualificación profesional; defendiendo que a los estibadores se les
ofrezca una jubilación a los 50 años con una pensión de más de 3.000€
mensuales, y respaldando con su voto el que veten el ingreso de mujeres en la
profesión y que practiquen la violencia de género, maltratándolas, como ha
ocurrido en el puerto de Algeciras?
Pero Irene Montero, portavoz de Podemos, mientras ignoraba la actitud discriminatoria
de los estibadores hacia la mujer, se felicitaba de que el Congreso se hubiera
puesto “al lado de los trabajadores”, al no ratificar un decreto, que calificó como
“salvaje e infame”.
Es posible que un mileurista o un parado de larga duración, opinen como
la portavoz de Podemos, que jubilar a un estibador a los 50 años con una
pensión superior a los 3.000€ mensuales a costa de sus impuestos, es un decreto
“salvaje e infame”… pero para los mileuristas, que apenas si pueden cubrir sus
necesidades básicas.
En opinión de la portavoz de Podemos, con ese voto negativo, el Congreso
había defendido “la soberanía de nuestro país” frente a las imposiciones de
Bruselas. Sería muy alentador, que con el mismo espíritu patriótico, defendiese
la unidad de España frente a las exigencias de los separatistas.
En mi opinión, tal y como está el mercado del trabajo y las
circunstancias económicas por las que aún atravesamos, el Gobierno, a costa de
un mayor sacrificio del resto de los españoles, ha sido en extremo generoso con
un colectivo de 6.156 trabajadores de muy limitada instrucción, cuya misión es cargar
y descargar las mercancías en nuestros puertos, y que por tratar de preservar
unos privilegios casi medievales. se están cargando un mercado importantísimo
para España.
Por causa de la actual situación, la actividad portuaria de mercancías
ha descendido notablemente durante el pasado mes de febrero y esto afecta
doblemente a nuestra economía, ya que la menor afluencia de buques
portacontenedores a nuestros puertos, ocasiona la disminución de otro de los
negocios relacionado con el puerto como es el del suministro de combustible.
El daño que la irresponsabilidad política está produciendo a nuestra
economía podría incluso llegar a ser irreversible. La situación está provocando
retrasos en las entregas de mercancías a otros países, lo que afecta a la
imagen de España y al futuro negocio de los puertos, porque de prolongarse esta
situación, los operadores y sus clientes, se verían obligados a buscar puertos
alternativos que bien pudieran convertirse en fijos.
Aun así, hubiera sido posible el acuerdo con los interesados, si el PSOE
no se hubiese mostrado contrario desde el primer momento, a dar el sí a la
reforma mientras no se facilitase la paz social de un sector que está en
llamas. Todo lo contrario de lo que hizo el Partido Socialista, cuando estando
en el Gobierno, se produjo la huelga de controladores aéreos en diciembre de
2010, en la que el Gobierno declaró el estado de alarma y movilizó a los
controladores, medida exponía a los que no se incorporasen a sus puestos, a
enfrentarse a penas de cárcel, siendo los coroneles del ejército quienes
tomaron el mando en las torres de los aeropuertos civiles.
Pero en esta ocasión, la irresponsabilidad del PSOE y su deslealtad
parlamentaria, es mucho más reprobable si tenemos en cuenta que la norma legal
por la que actualmente se rige el ejercicio de la actividad portuaria, es la
Ley de Puertos de 2010, promulgada por el Gobierno socialista que recabó y
obtuvo el apoyo del Partido Popular para que pudiese ser aprobada en el Congreso
de los Diputados.
Naturalmente, sabiendo los estibadores que el Decreto no sería respaldado
por el PSOE si ellos no llegaban previamente a un acuerdo en las negociaciones ¿Para
qué iban a ceder un ápice en sus exigencias?
Esto es algo que España le tendrá que agradecer a los socialistas, que
dicen que su vocación es defender los intereses de España, porque de los que
abiertamente quieren destruirla ¿Qué podemos esperar?
Lo que mayoritariamente votaron sus señorías —los que redactan las
leyes— al impedir que se cumpliera una sentencia del tribunal europeo, fue que
no se respetase la Ley, actitud que constituye un contrasentido incomprensible
desde el sentido común y la razón, porque en esencia este voto, era ir contra
del resultado de su función. Después de este proceder ¿Con qué fuerza moral
pueden pedir a los ciudadanos que cumplan las leyes que ellos mismos acuerdan,
con el fin de que sean cumplidas y hechas cumplir como obligatorias?
Pero es que a uno le puede dar un síncope, cuando Ciudadanos, el partido
de Albert Rivera ha emergido con la vocación de regenerar y dignificar la vida
política, llevando en su programa precisamente la regularización del sector de
la estiba, se puso de perfil y se abstuvo en la votación, Después de esto ¿Con
qué cara, le puede pedir a los nacionalistas separatistas catalanes que
respeten la Ley? ¿Qué credibilidad ofrece al electorado? Y no digo ya al PP, el
partido con el que tiene firmado un pacto, que con amigos como este, no
necesita enemigos.
Por esta causa, España acarrea ya una multa de veintitrés millones de
Euros, pero es que en adelante, si esto no se arregla, podríamos tener que
soportar una multa de 134.000€ diarios, más de cuatro millones mensuales. ¿Qué
más da? Lo que sea, con tal de joder al Gobierno. Hay que hundir al PP, aunque
para ello tengamos que hundir el barco. Aquí, a cada cual, únicamente le
interesa el privilegio de lo suyo, aunque acaben por no quedar buques que
estibar. Así se le obliga al Gobierno a una nueva negociación con los
estibadores, en la tendrá que ceder y los pobrecitos trabajadores portuarios. puede
que en vez de jubilarse a los 50, puedan hacerlo a los 45 o los 40, y no con
una pensión miserable de algo más de 3.000€ mensuales, que apenas si da para
llegar a fin de mes.
Pues no olvidemos que esto al final repercute en cada uno de nosotros,
en forma de menos inversiones y recortes en aquellos servicios que nos son
verdaderamente imprescindibles, como las pensiones, la dependencia, la sanidad
o la educación. Porque la tarta es la que hay, pero eso no les afecta a los que
votan sí o no.
Pero para qué van a invertir su tiempo sus señorías en buscar la mejor
solución a los problemas de España. Lo verdaderamente importante es consolidar
el poder de los partidos y a ser posible acrecentarlo. Y si se está en la
oposición, la forma más eficaz de conseguirlo, es dándole leña al mono, impidiendo
la acción del Gobierno.
Lo malo es que el mono somos nosotros.