En las últimas horas ha vuelto a ser noticia la reproducción asistida con motivo de la nueva cartera de servicios de la sanidad pública presentada por el Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En lo que respecta a la reproducción asistida, la cartera básica de servicios solo cubrirá de forma gratuita la reproducción asistida para las mujeres menores de 40 años que tengan problemas de fertilidad o cuando lo tengan sus parejas masculinas, que tendrán que tener menos de 55 años. Además, el número de ciclos financiados públicamente se limitarán a tres.
Sin embargo, desde el pasado mes de noviembre la ministra Ana Mato tiene encima de la mesa la petición de 2.700 científicos e investigadores de adaptar la Ley 14/2006 de Reproducción Asistida Humana a la normativa y jurisprudencia europea. Concretamente, este colectivo cree que la legislación española no está adaptada al Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Biomedicina, que exige a los Estados firmantes del Convenio (entre ellos España) proteger al ser humano en su dignidad e identidad , sin discriminación alguna, con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. Igualmente, la normativa española sobre reproducción asistida se aleja de la sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo de 18 de octubre de 2011 que establece la imposibilidad de manipular o destruir embriones humanos.
Como explica Teresa García-Noblejas, secretaria general de Profesionales por la Ética, «los científicos e investigadores han trasladado su preocupación a la ministra de Sanidad y a la Secretaria General del Ministerio dado que la legislación española permite la selección genética de embriones (y por tanto la eliminación de muchos de ellos) así como su acumulación sin límite de seres humanos vitrificados que, con el tiempo, son destruidos o cedidos para proyectos de investigación que no han dado resultado alguno. No existe ninguna estadística sobre el número de embriones almacenados. Estas prácticas tienen, además, un enorme coste para la Sanidad y no son seguras, como ha quedado de manifiesto en la reciente destrucción de cientos de embriones humanos, al parecer por un fallo técnico, en el Hospital de la Paz de Madrid».
«Hasta la fecha», concluye García-Noblejas, «ningún representante del Ministerio se ha puesto en contacto con este grupo de científicos e investigadores que, no obstante, sigue intentando la reforma de la legislación».
