Acaba de conocerse el nacimiento del primer varón libre del llamado «síndrome del niño burbuja», una enfermedad hereditaria que transmiten las mujeres pero afecta únicamente a los varones. Este nacimiento ha sido posible gracias al diagnóstico genético preimplantatorio (DGP) contemplado en la Ley de Reproducción Humana Asistida.
El nacimiento de un niño sano es, indudablemente, una alegría para todos. El problema es que este hecho, comunicado como un avance científico, no está exento de interrogantes éticos entre los que destacan los siguientes:
• El diagnóstico genético preimplantatorio implica la eliminación directa de decenas de embriones humanos producidos mediante Fecundación in Vitro que no cumplen con el estándar de calidad deseado. Estamos por tanto ante un caso de eugenesia (aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana). Es llamativo que la institución en la que ha llevado a cabo el proceso no indique cuántos embriones han generado y destruido para dar lugar al embrión «sano».
• La destrucción de seres humanos en función de sus características genéticas constituye claramente una discriminación que vulnera la Constitución Española y las normas de carácter internacional como el Convenio de Oviedo, relativo a los derechos humanos y la biomedicina.
• El deseo de tener hijos sanos es humano y comprensible pero, ¿quién tiene derecho a eliminar a unos para que nazcan otros? ¿No encierra esto una lógica inhumana de dominio del fuerte sobre el débil?
Para Teresa García-Noblejas, secretaria general de Profesionales por la Ética, «se ha afirmado que el diagnóstico genético preimplantacional previene las enfermedades genéticas, lo cual no es cierto porque lo que se hace es detectar el gen asociado a una enfermedad y destruir al embrión humano que podría padecer la enfermedad. Es imprescindible una legislación que respete la vida humana en todas sus etapas, de acuerdo con los avances de la investigación biomédica, el Convenio de Oviedo y la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que protege expresamente al embrión humano.
