Baleares quiere multar a quien critique la ideología gay y obligar a los niños a elogiar la actividad homosexual

La nueva ley fomentará la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad e intersexualidad, impondrá cuotas laborales para LGBTI. Asimismo establecerá un control sobre los medios de comunicación por lo políticamente correcto gay e impondrá a toda la sociedad los planteamientos homosexuales. Legislará todas las áreas de la vida social y también el ámbito privado.

El Instituto de Política Familiar de Baleares (IPFB) ha denunciado este domingo que la nueva ley sobre derechos de LGTB presentada por MÉS y PSIB que «previsiblemente aprobará el nuevo Gobierno balear» invierte «la carga de la prueba en las acusaciones de homofobia», es decir, que serán los denunciados los que deberán demostrar su inocencia y no los acusadores los que tengan que aportar pruebas de culpabilidad.

IPFB ha asegurado además que esta normativa permitirá «multar a quien critique la ideología gay y obligará a las escuelas, maestros y textos escolares a alabar y elogiar la actividad homosexual». Así se ha expresado la entidad en un comunicado en el que critica «la nueva ley que previsiblemente aprobará el nuevo Govern» (Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia), que ya presentaron PSIB y MÉS en la pasada legislatura.

Según el Instituto, se trata de «una copia de la aprobada este año en el Parlamento de Cataluña en la que se publica una ley de privilegios y poder para los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales». «En nombre de la no discriminación, excluye a todos los grupos fuertemente discriminados, mujeres embarazadas, mayores de 50 años, gitanos, pobres, inmigrantes. En realidad, si pretendieran hacerla extensiva a todos ellos sería imposible, porque el poder que confiere es tan desmesurado que lo hace inviable. Esta es la mejor constatación de la desmesura y exageración de esta ley.

Establece privilegios, y otorga un poder arbitrario a un pequeño grupo de personas», ha mantenido IPFB. Esto se debe a que «pretende legislar todas las áreas de la vida social y también el ámbito privado, persigue eliminar los estereotipos por medio de la acción de los poderes públicos; otorga un gran poder a las personas LGBTI y a sus organizaciones dado que pueden denunciar a toda persona, escuela, empresa, asociación y confesión religiosa si, según su criterio, se ven discriminados», según el Instituto.

«La sola acusación establece el principio de culpabilidad, dado que será el denunciante quien deberá demostrar su inocencia. Establece la obligación de fomentar la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad e intersexualidad», ha subrayado.

Además, IPFB también ha señalado que «se quieren imponer cuotas laborales para GLBTI dentro del sector público y fomentar su implantación dentro del sector privado». «Si la persona a la que se impide el acceso es GLBTI podrá dar pie a una denuncia por discriminación aunque sea otra la causa. Será la empresa la que deberá demostrar que no es así», ha mantenido.

Por otro lado, la entidad ha criticado que «se establece el control sobre los medios de comunicación con el fin de establecer recomendaciones sobre el trato y el uso de imágenes lenguaje favoreciendo la visibilidad de referentes positivos de los GLBTI».

Para IPFB, esta norma «pretende imponer a toda la sociedad los planteamientos de unos determinados colectivos».