Los valores de la educación socialista: una espada de doble filo
La crisis del Sistema Educativo español, denunciada por los informes Pisa de forma reiterada durante los últimos años, es el producto de un largo embarazo llamado LOGSE, cuyos “cachorros” son la LOE, la LEA (Ley de Educación de Andalucía) y otras tantas leyes reformistas autonómicas.
Pero la crisis educativa, al contrario de lo que pueda pensarse desde posturas partidistas (de izquierdas o derechas, da igual) no es de un sistema, un ordenamiento, una metodología, o unas estrategias. Es un problema de fondo, ya que en la LOGSE se cuestionan directamente valores universales como el principio de autoridad, muy necesario para distinguir claramente los roles, atribuciones, derechos y deberes, de cada miembro de la comunidad educativa, y por ende, de la sociedad misma.
Y no se trata de denunciar como perniciosos los principios de igualdad o democratización introducidos por aquella Ley en el sistema educativo, sino el infantilismo de una propuesta que elevaba a los alumnos al mismo nivel de interlocución de sus profesores (funcionarios públicos), desdibujando de paso las diferencias evidentes entre adultos y adolescentes. Tanto es así, que esta subcultura paterno-educativa ha calado en un sector del profesorado (“si mis alumnos no pueden traer el móvil, yo tampoco”).
En esta batalla de los valores, la LOGSE ha sido un torpedo bajo la línea de flotación de muchos principios que deben permanecer en la enseñanza pública: el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo, etc.
Sin embargo, la contienda ha sido más visible en los medios de comunicación públicos y privados, particularmente la televisión, donde los llamados “programas basura”, (de máxima audiencia, por cierto), han competido por ofrecer el producto más llamativo y original, presentando el mal gusto, la vulgaridad, el insulto fácil, la burla humillante, la ridiculización de valores tradicionales, y otras tantas lindezas como conductas divertidas y modernas.
Esta normalización de conductas ofensivas, éticamente reprobables, ha ido dinamitando la cultura de valores mayoritariamente aceptados por la sociedad, dejando un vacío muy importante entre los jóvenes, acostumbrados a este permanente “carnaval” televisivo en el que todo vale.
Además, la transgresión y destrucción de valores “vende” entre sectores que se definen de izquierdas o progresistas, con lo que se asumen positivamente estas conductas en aras de “la creatividad”, la “libertad”, etc. Y esta cultura está cada vez más en las calles, como se evidencia en los espectáculos de mal gusto e intolerancia organizados para celebrar el “día del orgullo gay”.
Tan serio ha sido el problema de los valores, que el gobierno socialista, después de diagnosticar su pérdida entre los jóvenes, ha tenido que sacar una asignatura de la manga: “Educación para la Ciudadanía”, destinada a paliar esta carencia.
Bien es cierto que sobre el papel, el contenido de la asignatura tiene una apuesta positiva. Se trata de defender los pocos valores universales y consensuados que tenemos: los Derechos Humanos y la Constitución.
Sin embargo, la solución socialista al problema de valores es una espada de doble filo: se aprovecha este vehículo (materia obligatoria), para introducir una ideología no universal, la ideología de género, destinada a destruir los pocos valores que persisten entre los jóvenes: los relativos a la educación sexual judeo-cristiana, el matrimonio y la familia.
Es, sin duda, una apuesta política, destinada a frenar la antropología cristiana planteada desde la asignatura de Religión, sujeta por acuerdos Iglesia-Estado que el Gobierno actualmente no quiere romper.
Pero se trata de un nuevo error, en cuanto que consolida la progresiva destrucción de valores sufrida entre los jóvenes, imponiendo una ideología que no es tal, sino más bien una construcción sociológica: si hay diversidad de conductas sexuales y de modelos de familia en cada cultura, lugar y época (y no hay consenso universal sobre estos asuntos), se inventa una ideología que clasifica e iguala todas las posibles conductas sexuales y modelos de familia, evitando jerarquizarlas.
De este modo, se impone de forma institucional un relativismo ético en cuestiones tan sensibles e importantes como la identidad sexual de la persona, las relaciones de pareja, el matrimonio como institución jurídica, la reproducción, la educación en el seno de la familia, etc.
Un claro ejemplo de esta realidad es la futura ley del aborto que pretende sacar adelante el gobierno socialista. La mal llamada “salud reproductiva” es también una extensión de la ideología de género, promovida por el feminismo más extremista del planeta, que defiende el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo en detrimento del “inquilino” (el feto) al que se niega la categoría de “ser vivo”.
Esta ley saldrá adelante para dar cobertura legal a las conductas ilegales realizadas en clínicas abortivas españolas, que al amparo de las leyes anteriores iban más allá del marco jurídico. Desde el gobierno se defienden estos cambios normativos en función de la “demanda social” y de “ampliar los derechos civiles”, pero lo único que consolidan es la destrucción de valores tan universales como el derecho a la vida (también del no nacido, que no puede defender sus derechos).
La educación socialista promueve una sociedad que subsista en este mar de conductas regularizadas a golpe de normativa. Si no existen derechos, se inventan para que todo el mundo tenga su conciencia tranquila: si es legal, será lícito y bueno, y no se podrá discutir. De este modo, la tendencia inevitable es a reducir los valores progresivamente, quedando sujetos a la normativa de cada lugar y época.
Pero no se puede ofrecer un marco tan amplio y diverso de “realidades” a los adolescentes sin un eje antropológico que las vertebre. Porque no es lo mismo abortar, que traer un hijo a la vida, o darlo en adopción. Las decisiones de este calado no se pueden tomar a la ligera por sus dispares consecuencias, y mucho menos esperar que un adolescente tenga autonomía suficiente para abordarlas adecuadamente.
Ampliar los “derechos” de niñas menores de 18 años en el terreno del aborto, consolida el acto de irresponsabilidad e inmadurez que las ha llevado a esa situación. El papá-Estado les cubre las espaldas si se equivocan. Y si los padres pueden hacer algo por sus hijas en un asunto de tanta gravedad, el Gobierno les da vacaciones, dispensándoles de una preocupación y una responsabilidad más. Siempre podrán ejercer su “paternidad legal” en otros asuntos, como justificar faltas, autorizar excursiones, etc.…
Si el futuro educativo de nuestros jóvenes depende de la Administración y de los medios de comunicación social, vamos camino de construir una sociedad más injusta, insolidaria y vacía de valores.
La familia, como célula estable y vertebrada, es el único ámbito donde se puede frenar esta tendencia coyuntural y construir desde abajo un futuro mejor. Es una responsabilidad que debemos asumir en beneficio de nuestros hijos y de la sociedad en la que tendrán que vivir ellos y su descendencia.
