Funcionarios y organismos de la ONU que intentan eludir la supervisión de los estados miembros encuentran oposición conforme elaboran un importante conjunto de indicadores estadísticos para rastrear el progreso en un nuevo plan de desarrollo de la ONU que afectará a todos los países y costará miles de millones de dólares.
La división de estadística y otros organismos de la ONU intentaron suspender todo debate sobre los indicadores propuestos que pretenden presionar a los países controlando el acceso al aborto y a la anticoncepción, la autonomía sexual para los adolescentes y la aceptación social de la homosexualidad en el mundo entero.
Durante una reunión de expertos en Bangkok la semana pasada, personal de la ONU solicitó que se pusiera fin al debate sobre algunos de los indicadores más polémicos. Tuvieron que ceder y permitir un mayor intercambio debido a inquietudes sobre el aborto manifestadas por delegaciones de América Latina y la Santa Sede.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, proyecto de quince años para mejorar las condiciones de vida en todos los países, fueron aprobados por los líderes mundiales en septiembre. Aún en estado embrionario, los gobiernos se comprometieron a alcanzar los objetivos sin saber cómo se verán cuando maduren y se conviertan en una iniciativa hecha y derecha en todo el sistema de la ONU.
Ahora ellos deben dar cuerpo a detalles específicos del plan, incluyendo indicadores estadísticos para rastrear el avance, y encargar tareas a diversos organismos y departamentos de la ONU. Las agrupaciones proabortistas y LGBT ven esto como una oportunidad para extender su influencia utilizando a la ONU como su representante.
Los indicadores para hacer el seguimiento de los avances determinarán en gran medida el plan de desarrollo definitivo. La idea es traducir en resultados medibles las 169 metas de los 17 objetivos que abarcan una amplia gama de políticas sociales, económicas y ambientales. Los resultados elegidos supondrán la clase de políticas e inversiones necesarias a fin de lograr los objetivos para 2030, determinando cómo se desembolsarán miles de millones de dólares.
Aunque asuntos polémicos como el aborto y la homosexualidad no tendrían posibilidad de ser aprobados en la Asamblea General, los debates sobre los indicadores han tenido lugar lejos de la supervisión de los estados miembros de la ONU en Nueva York. El procedimiento para llegar a los indicadores parece haber sido diseñado con el objeto de limitar la posibilidad de supervisión.
En vez de usar los canales de comunicación con las capitales, la división de estadística de la ONU (parte cada vez más importante de la burocracia de la ONU) ha estado en contacto directo con las oficinas nacionales de estadística, que, por lo general, hacen caso omiso de los acuerdos mundiales, y por lo tanto, de las repercusiones políticas de los indicadores.
Los estadísticos consideran que su función es meramente técnica. Su trabajo, en gran parte, consiste en determinar si los gobiernos tienen la capacidad de seguir la marcha de cualquier indicador propuesto y dónde se necesitaría ayuda de la ONU. Pero desconocen los aspectos políticos y cómo las agrupaciones proabortistas y LGBT usarán los indicadores para promover su agenda.
El personal y los recursos limitados de estados de África, Asia y Oriente Medio agravan las dificultades inherentes a la comunicación entre los gobiernos y los estadísticos.
Algunos indicadores que actualmente se están debatiendo buscan ampliar el acceso al aborto, eliminar la supervisión de los padres en las decisiones de los adolescentes sobre la sexualidad y la salud reproductiva, y promover la aceptación social de la homosexualidad. Hasta ahora, han volado bajo el radar de los estados miembros de la ONU.
Los estados tienen una oportunidad de estipular la supervisión tras la decisión de la semana pasada de que se abriera un tiempo adicional para observaciones que concluirá el sábado 7 de noviembre.
Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano
