Navarra obligará por ley a la Iglesia a dejar visitar gratis sus bienes cuatro días al mes

Esta obligación se recoge en el proyecto de Ley Foral de Derechos Culturales que se tramita en el Parlamento de Navarra, que hoy ha aprobado en la Comisión de Cultura, Deporte y Juventud el dictamen relativo al proyecto, que será elevado previsiblemente al pleno del próximo 20 de diciembre para su definitivo debate y aprobación.

El proyecto inicial redactado por el Gobierno de Uxue Barkos no recogía de forma expresa que este deber de permitir la visita pública gratuita a los bienes de interés cultural al menos cuatro días al mes afectara a las propiedades de la Iglesia Católica, ya que aludía de forma genérica a “las personas o entidades propietarias o poseedoras por cualquier título de bienes pertenecientes al patrimonio cultural de Navarra”. Sin embargo, el PSN ha presentado una enmienda de adicción al articulo para que esta previsión aluda de forma específica a los bienes "cuya propiedad ostente la Iglesia Católica" que ha salido adelante con el voto a favor de los cuatro partidos que sustentan el Ejecutivo foral –Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra– y el voto en contra de UPN y PPN.

Se trata de una iniciativa "novedosa" en el Estado, según defiende el parlamentario socialista Guzmán Garmendia, que justifica que se obligue a la Iglesia a mostrar sus bienes por ser la propietaria de la “inmensa mayoría” del patrimonio cultural de la Comunidad Foral. “Navarra financia a la Iglesia y ésta debe estar abierta a la población para que contemple sus bienes”, sostiene.

Esta argumentación se recoge en la motivación de la enmienda aprobada, en la que el PSN defiende que, a la vista de que “la mayoría del patrimonio cultural navarro tiene “carácter religioso y es ostentado por la Iglesia católica”, se debe permitir el acceso público para que dichos bienes sean visitables por su “interés general”. Para ello, según se recoge en el proyecto, se firmarán los “acuerdos de colaboración correspondientes” con la Iglesia católica. Aunque es imposible cuantificar el patrimonio del que dispone, se estima que la Iglesia ha inmatriculado más de un millar de bienes en Navarra.

La obligatoriedad alude a “al menos cuatro días al mes, durante al menos cuatro horas por día, en días y horas previamente señalados”. El proyecto establece que el cumplimiento de estos deberes “podrá ser dispensado por el Departamento competente en materia de cultura, de forma total o parcial, y a solicitud de las personas o entidades interesadas, por causas debidamente justificadas; entre ellas, la necesidad de garantizar el respeto a la intimidad personal o familiar, la seguridad de las personas, o la conservación del bien cultural”. A este respecto, será “el Departamento competente en materia de cultura” quien “aprobará y dará la adecuada difusión a los calendarios y horarios de visita pública”. Para ello, se “requerirá a las personas o entidades propietarias o poseedoras de los bienes para que efectúen y eleven sus propuestas en los plazos y con las condiciones" que se determinen.

En relación con los bienes muebles de Interés Cultural e Inventariados, esta obligación de permitir las visitas públicas gratuitas se podrá sustituir, a petición de las personas o entidades propietarias o poseedoras por cualquier título de bienes pertenecientes al patrimonio cultural de Navarra, por “su depósito en el centro que el Departamento competente en materia de cultura señale para su exposición pública”.

Igualmente, la iglesia católica y el resto de propietarios de patrimonio cultural estarán obligados a prestar los bienes para exposiciones públicas temporales organizadas o promovidas por las administraciones públicas de Navarra, sin que el límite temporal de estos préstamos y depósitos exceda de 50 días naturales por año. Igualmente, deberán permitir el acceso a los bienes por parte de investigadores debidamente acreditados, previa solicitud razonada, que "sólo podrá ser denegada cuando concurran causas justificativas, que deberán ser comprobadas por el Departamento competente en materia de cultura".

El proyecto también faculta a las administraciones públicas de Navarra a ofrecer a la ciudadanía, en cumplimiento de sus funciones en materia de difusión del patrimonio cultural y de divulgación de los valores que incorporan los bienes que lo integran, la información in situ acerca del significado cultural de los mismos y de las razones que han motivado su inclusión en alguna de las categorías de protección previstas en la normativa. Todos estos preceptos se fundamentan en el principio básico de "que todas las personas tienen derecho a acceder, en condiciones de igualdad, al disfrute del patrimonio cultural de Navarra, respetando las necesidades de conservación y protección de los bienes".

El Gobierno de Barkos aprobó el proyecto de Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra en su sesión del pasado 19 de septiembre tras realizar una consulta pública en la que se presentaron dos aportaciones suscritas por la Asociación de Archiveros de Navarra y la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra y someter posteriormente el texto a exposición pública, periodo en el que se recibieron alegaciones de ocho entidades y particulares. El texto establece como "objetivo prioritario" el "pleno reconocimiento de los derechos culturales como derechos de carácter fundamental", según resaltó la consejera de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera.

La finalidad del proyecto es "asegurar y promocionar los derechos culturales a través del fomento de políticas culturales que defiendan el valor de la cultura como bien común y los derechos de acceso a la misma y de participación en la vida cultural como pilares de la construcción de una sociedad más igual y democrática". En concreto, la norma persigue "establecer un marco para las leyes sectoriales en la materia, instaurar las condiciones para la igualdad en el acceso a la cultura, constatar el valor de los derechos culturales como base indispensable, y promover y proteger la diversidad cultural y lingüística de Navarra, su pluralidad de identidades y patrimonio material e inmaterial".

Estrategia conjunta sobre las inmatriculaciones

La aprobación en el Parlamento de Navarra del dictamen en relación con el proyecto de Ley Foral de Derechos Culturales se produce justo después de que cargos públicos y colectivos ciudadanos de todo el Estado hayan acordado unificar una estrategia conjunta sobre las inmatriculaciones de la Iglesia de cara a buscar los "mecanismos jurídicos y legislativos que permitan recuperar el patrimonio público indebidamente inscrito por la jerarquía católica". Así se determinó en una reunión celebrada este fin de semana en Zaragoza a instancias de la Coordinadora Recuperando y que congregó a cerca de medio centenar de representantes públicos de una treintena de municipios de Navarra, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla León, Castilla-La Mancha, Madrid, Baleares, Comunitat Valenciana, Murcia, Cataluña y País Vasco.

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