CAMINEO.INFO.- Quito/ECUADOR.- La Conferencia Episcopal Ecuatoriana envió al Presidente de la República una carta en la que expresa su interés por la vigencia de la libertad y de los derechos en materia de educación, especialmente en las instituciones de nivel universitario.
En la carta firmada por Mons. Antonio Arregui Yarza, Arzobispo de Guayaquil y Presidente de la CEE, se hacen algunas consideraciones, que deseamos sean tomadas en cuenta a la hora de emitir el veto anunciado al texto de la Ley de Educación Superior, recientemente aprobado por la Asamblea Nacional.
La CEE y la Comisión de Educación de la misma señalan, la necesidad de que la “institución universitaria mantenga su irrenunciable autonomía en todas las dimensiones que la constituyen. No puede estar sujeta -dice- a discriminaciones ideológicas de sus actores o beneficiarios ni a ningún determinismo económico”.
Destaca también que la mención que hace el texto aprobado de Ley, del Modus Vivendi, respecto a las universidades católicas no expresa ningún privilegio ni concesión por parte del Estado, sino el reconocimiento de la libertad religiosa y de la libertad educativa de todos los ciudadanos, en cuanto son derechos humanos universales, consagrados no sólo en nuestra Constitución sino también en instrumentos jurídicos internacionales.
Así mismo se subraya de modo especial la necesidad de mantener en la Ley, en razón de estos principios, la mención del carácter específico de estas instituciones en cuanto a su índole católica, sobre todo respecto del conocimiento y la investigación de materias que tienen que estar abiertas a la trascendencia, en razón de sus fundamentos espirituales, doctrinales, morales y sociales, al servicio de toda la comunidad humana.
Otro punto señalado por la CEE es que debe tutelarse la libertad de los estudiantes para optar por las instituciones católicas, de cuya alta calidad académica van a ser corresponsables. “Esto implica también facilitar el acceso a quienes, estando capacitados, disponen de menos recursos, mediante el otorgamiento de becas y otras facilidades económicas garantizadas por las rentas que el Estado asigne a estas instituciones”.
Como imprescindible corrección al texto de Ley aprobado,- señala la carta- “creemos que el veto presidencial debe enmendar la Disposición General Séptima, que contiene dos incisos referentes al Modus Vivendi, pero inconexos e incluso contradictorios por reconocer uno de ellos el alcance general de este Acuerdo internacional y darle el otro un alcance indebidamente restrictivo.
