CAMINEO.INFO.- «
Es triste que yo, y otros, tengamos que venir aquí ante ustedes para instarles a proteger a estas personas dedicadas a curar
para que no tengan que afrontar un castigo si se niegan a administrar una inyección letal a sus pacientes o a encargarse de que se sea administrada» dijo ante el comité permanente de asuntos económicos y financieros.
Este comité está en la fase de audiencias del proyecto de ley 84 (Bill 84) de regulación de la práctica de la eutanasia o suicidio asistido en la provincia.
Este proyecto de ley provincial fue iniciado el pasado 7 de diciembre en correspondencia al proyecto de ley federal C-14 (Bill C-14) aprobado el pasado junio que demarca las circunstancias en las cuales los canadienses pueden legalmente ser asistidos para matarse a sí mismos o ser eutanasiados. El proyecto de ley federal atiende a la resolución del Tribunal Supremo de febrero de 2015 que levantó la prohibición de dar muerte asistida médicamente con el argumento de que «esa prohibición infringe[ía] injustificadamente» la carta de derechos personales a la vida, la libertad y la seguridad.
El proyecto de ley 84 (Bill 84), titulado Ley de enmienda de varias leyes con respecto a la asistencia médica en la muerte (MAID), propone cambiar seis leyes sanitarias para facilitar que los médicos maten a sus pacientes.
Tras la introducción del proyecto de ley algunos críticos hicieron notar que carecía de protección de la objeción de conciencia de aquellos médicos que no quieren participar en la muerte de sus pacientes. El pasado mes una amplia coalición de médicos, abogados y activistas emprendieron una campaña para que se añada al proyecto de ley una enmienda que trate el derecho a la objeción de conciencia.
Sin tal protección explícita los médicos que se nieguen a matar a sus pacientes o a cooperar en ello afrontarán penas que incluyen la pérdida de la licencia de ejercicio de la medicina del colegio de médicos y cirujanos de Ontario (CPSO). El colegio ya aplica una política a los casos de médicos que presentan objeción de conciencia a matar a sus pacientes, según la cual el médico tiene que derivar al paciente a un colega dispuesto a ello. A esto lo llaman derivación «efectiva».
Una enmienda para la protección de la objeción de conciencia al proyecto de ley 84 anularía la exigencia de «derivación efectiva» de las políticas del CPSO.
El cardenal Collins dijo al comité que es un «dilema injusto», por parte del CPSO, el decirles a los médicos con dificultades morales para matar a un paciente que «o bien lo hagan o bien hagan que ocurra».
«Que [los médicos] sean presionados a cometer [eutanasia y suicidio asistido], eso no es justo, eso no está bien. […] Eso causa desolación y angustia. Es abusar. Alguien tiene que alzarse contra esto. Y si no es la asamblea legislativa, ¿quién entonces?, me pregunto» dijo al contestar a una pregunta después de su exposición.
El cardenal calificó como «particularmente preocupante» que el proyecto de ley tenga una cláusula de salvaguarda de los derechos de los médicos que decidan «ayudar matar a sus pacientes» y que sin embargo «no provea de ninguna salvaguarda para aquellos que pidan no participar en ese acto».
«Hoy acudo a ustedes para pedirles que, sin tener en cuenta las líneas divisorias entre partidos, trabajen conjuntamente con colegas de otros partidos, para añadir una enmienda que provea de una protección consistente de aquellos que no deseen participar en el acto de matar a su paciente, o –lo cual es lo mismo- no deseen encargarse de que otros lo maten.
El obispo Ronald Fabbro, presidente de la Asamblea de obispos de Ontario, también habló en la reunión, y dijo al comité que es inmoral para un médico católico hacer una «derivación efectiva».
«De acuerdo con nuestra doctrina católica, facilitar una derivación efectiva sería inmoral porque es cooperar en el acto de eutanasia o el de suicidio asistido» dijo.
«Les animo vehementemente a incorporar al proyecto de ley 84 una adecuada protección de la libertad de conciencia y de la libertad de religión. Es esencial,» dijo.