El Presidente del Instituto Solidaridad y Derechos Humanos (ISDEH), Dr. Reynaldo Bustamante Alarcón, advirtió que la norma emitida por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), que prohíbe las imágenes religiosas en sus instalaciones, es “jurídicamente inválida y por eso debe ser rechazada”.
La presidenta de Concytec, Gisella Orjeda, en un reciente correo electrónico, ordenó que en el lapso de una semana desaparezca toda representación católica o cristiana de las instalaciones de la entidad estatal, argumentando que “debemos impulsar el pensamiento crítico basado en la evidencia. Este es la piedra angular de la ciencia”.
En declaraciones para ACI Prensa, Bustamante Alarcón, Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, le recordó a Orjeda que “la situación que ella motiva fue resuelta hace años por el Tribunal Constitucional”.
En efecto, en 2011 el Tribunal Constitucional (TC) del Perú, ante la demanda de un ciudadano, decidió que la Biblia y el crucifijo no violan la laicidad del Estado, y defendió su presencia en los espacios públicos como expresión de la historia, tradición y cultura del país.
En esa ocasión, indicó el presidente del ISDEH, “el Tribunal Constitucional desestimó la demanda y señaló que ‘la incompetencia del Estado ante la fe y la práctica religiosa no significa la promoción del ateísmo o agnosticismo con la eliminación de símbolos religiosos de la esfera pública o la imposición de una ideología antirreligiosa, ignorando las tradiciones que responden a la formación histórica, cultural y moral del Perú’”.
Esta sentencia del TC, señaló, “confirma que la decisión de la presidenta del Concytec, además de ser insólita por el desconocimiento que revela, es jurídicamente inválida y por eso debe ser rechazada”.
El doctor en Derecho explicó que la laicidad “significa que el Estado actúa y toma sus decisiones con independencia y autonomía frente al fenómeno religioso, pero respetando siempre la posibilidad de que las manifestaciones religiosas se expresen libremente y que sus razones, desprendidas de su raíz religiosa, puedan incorporarse a los ámbitos públicos”.
En cambio, el laicismo, que es lo que propone la presidenta de Concytec, “es la negación de todo contacto con lo religioso, el rechazo de cualquier argumento o manifestación de índole religiosa, que prohíbe la religiosidad o la reduce a los ámbitos exclusivamente privados”.
“Por esa razón, mientras el Estado laico es propio de una sociedad plural, democrática y moderna, el Estado del laicismo es propio de un régimen beligerante, antidemocrático y excluyente”.
Reynaldo Bustamante Alarcón advirtió que “además de incurrir en esta confusión conceptual, la decisión de la presidenta del Concytec vulnera la libertad religiosa de sus trabajadores”.
“Conforme a esta libertad, toda persona tiene derecho a elegir y practicar su fe religiosa en todas sus manifestaciones, sea de manera pública o privada. El límite común es que se respete la inviolabilidad o dignidad de las personas”, señaló.
Bustamante Alarcón subrayó que “nadie, incluyendo el Estado y los particulares, puede interferir” en el ejercicio de la libertad religiosa.
“Por el contrario, debe generarse las condiciones mínimas para que cualquier persona pueda ejercer su libertad religiosa”, indicó.
