Expertos en Bioética advierten que la educación sexual que implantará el Gobierno une contenidos ideológicos con otros sanitarios

El riguroso documento titulado Análisis de Evidencia de Intervenciones Preventivas en Salud Sexual y Repercusiones Éticas fue presentado por el doctor José Jara, presidente de la ABIMAD, manifestando que "las Guías de práctica clínica afirman que la eficacia de los programas de educación sexual basados en la promoción de preservativos y anticoncepción sigue siendo un tema de controversia, como afirma la reciente actualización de octubre de 2009 sobre el nivel de eficacia de este tipo de recomendaciones para los adolescentes " por lo que la base ética para implantarlos a edades tan tempranas como los 11 años no parece estar aclarada, ya que su efecto puede ser perjudicial, alterando el normal desarrollo emocional de los menores. Por otra parte, "las recientes recomendaciones procedentes del Informe ONUSIDA de noviembre 2009 han recomendado que los programas deben ir enfocados a los grupos de riesgo, debiendo abandonarse, por tanto, los mensajes dirigidos al común de la población".

             En el análisis ético de los contenidos de la información sexual que se pretende dar a los menores y adolescentes, el análisis recuerda que " los objetivos desarrollados desde el Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva van más allá de la mera información sanitaria, incluyendo aspectos sobre los que existe una confrontación ideológica en la sociedad, ya que no es lo mismo dar una orientación de la sexualidad dirigida hacia la creación de compromisos estables que darla orientada hacia un concepto de sexualidad de carácter lúdico en la que los compromisos se rechazan, no estando capacitado el Estado para imponer una de las dos visiones, concurriendo, si lo hace, en adoctrinamiento educativo". Este tipo de formación no debería hacerse de espaldas a los padres y al ideario de los centros como, al parecer, pretende el Ministerio de Sanidad al adjudicarla a farmacéuticos o personal no docente.

Complementariamente, desde el ámbito jurídico se puso de relieve la posible vulneración de los derechos de los padres a orientar la educación de sus hijos reconocida por el artículo 27.3 de la Constitución y que fue ya advertida por el Consejo de Estado advirtiéndose de los riesgos sociales de su implantación.

Colectivos de padres también dejaron oír su voz a través de Inmaculada López, secretaria de la Federación España Educa en Libertad, quien manifestó que " los padres no van a permitir que el Estado les suplante en esta cuestión de profundo calado moral y vital para el futuro de sus hijos, ya que son éstos quienes mejor pueden conocer el desarrollo psicológico y afectivo de sus hijos de modo individual", afirmando, además: "Esperamos que los centros educativos no colaboren, en ningún caso, con este proyecto ideológico. Una vez que veamos cómo queda finalmente recogido en la ley, decidiremos qué medidas adoptaremos para defendernos frente a esta nueva intromisión del Estado"

Asimismo, el personal de enfermería estuvo también representado a través de Ana de Arístegui, reconociéndose que algunos profesionales dan una información exclusivamente biologicista recomendando preservativos y anticonceptivos exclusivamente. De ahí, la necesidad de que la formación sea más diversificada, incluyendo aspectos morales y psicológicos. Aún así, el conflicto puede ser inevitable ya que los padres pueden y deben querer ser los principales responsables de la educación de sus hijos para que no se banalice el contexto de las relaciones sexuales.

Como propuestas positivas se pidió que se realicen campañas dirigidas a fomentar la concienciación de los padres aún no implicados con sus hijos en esta tarea educativa y que las intervenciones a nivel de medicina preventiva se enfoquen sobre los grupos de riesgo siguiendo las últimas directrices de organismos internacionales.